Vender el Banreservas porque realiza una competencia desigual frente a la banca privada. La banca comercial privada inicia un proyecto buscando capital con préstamos, sus respectivos intereses y riesgos.

El capital inicial del Banreservas fue de un millón de pesos que aportó el Estado o el pueblo según la ley.586 del 24 de octubre de 1941, la cual lo convierte en el banco depositario de los fondos del Gobierno Dominicano. No asumió riesgos y no pagó intereses, más el propio estado  le provee de  personal militar de seguridad pagado por todos nosotros. El estado debe ser regulador, no comercializador. Para eso está el sector privado. 

La InmobiliariaBanreservas, construye, alquila y vende bienes a precios igual que la banca privada, asimismo apertura ferias de automóviles e interviene en  el negocio de seguros. Quien ha dicho que el estado o el Banco de Reservas está para hacer negocios. Esa actividad le está reservada al sector privado. El estado debe ser regulador. Debido a que su administrador general es un miembro del Comité Ejecutivo del PLD, se estima que la política partidaria puede estar presente. Se observa  un incremento en la nómina de empleados y las decisiones  para el nombramiento del personal y la asignación de la publicidad pueden tener ribetes  políticos. 

Los militares que prestan servicios en el Banreservas son pagados por el pueblo, mientras la banca privada tiene que invertir dinero en seguridad privada para  proteger sus bienes. A pesar  de que el pueblo dominicano es el dueño o accionista del dinero con que  opera el  Banreservas,  no le concede facilidades a los  empleados públicos, los miembros de las Fuerzas Armadas, policías, bomberos y otros, con tasa privilegiada y cómoda facilidades. No contribuye a controlar las tasas de intereses del sistema bancario. El estado Dominicano debe ser un ente regulador por vía de la Superintendencia de Bancos, según la  ley No. 708, del 14 de abril del 1965, reglamentos y modificaciones.  

En virtud de las consideraciones expuestas en esta investigación, creemos que  la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana y  el Consejo Nacional de la Empresa Privada, deben defender el derecho a la libre competencia  y reclamarle al Congreso Dominicano derogar la ley No.586 que creó el Banreservas.