Los cambios que se le someten en la Cámara de Diputados a la Ley 821, de Organización Judicial, de la Comisión de Justicia, con la derogación de su artículo 165 y la modificación de la Ley 1021, obligarían a los jueces a emitir sentencia de 30 a 90 días de todos los expedientes que se encuentren en estado de fallo.
Los que no respeten los plazos de ley se exponen a sanciones que tienen que ver con amonestaciones, retención del salario o la suspensión de la función judicial. El presidente de la Comisión de Justicia que estudia el proyecto, Henry Merán, dijo que esperan que la iniciativa sea aprobada este mes durante la primera legislatura extraordinaria del 2020.
Expresó a Hoy que las modificaciones que estudian, establecen un régimen disciplinario a cargo del Consejo del Poder Judicial, “para combatir, disminuir la mora en el Poder Judicial. La dilación en el fallo de los expedientes, de los cuales están apoderados la mayoría de los tribunales de la República, es el más grave problema que afecta al Poder Judicial”.
Merán precisó que los jueces no podrán acumular cientos de expedientes sin ser fallados en el plazo de ley.