El nuevo decreto establece el confinamiento o toque de queda nocturno de las once de la noche a seis de la mañana en todo el país, con un margen para las autonomías para adelantarlo o atrasarlo una hora
El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo ha aprobado un nuevo estado de alarma para toda España con una duración de 15 días, aunque la intención es que pueda prolongarse durante los próximos seis meses, hasta el 9 de mayo, si el Congreso lo apoya. Las medidas han entrado en vigor a las 18.24 horas cuando se ha publicado el Real Decreto 926/2020 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la noche hasta las seis de la mañana.
El gobierno español ha publicado el decreto del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando pasaban pocos minutos de las seis y cuarto de la tarde. El documento, de 8 páginas, justifica el toque de queda porque “buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas”, y este hecho “reduce sustancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas “.
También se da la posibilidad a las comunidades de restringir las entradas y salidas de su territorio, salvo causas justificadas, pero es una decisión que queda en manos de sus presidentes. Esto permite por ejemplo que las comunidades puedan cerrar sus fronteras si tienen una autonomía cercana muy afectada, algo que se ha planteado en alguna ocasión en las que están próximas a Madrid, pero que hasta ahora no se podía hacer. El confinamiento nocturno es obligatorio durante los próximos 15 días. Transcurridas esas dos semanas, a partir del 9 de noviembre, el toque de queda dejará de ser obligatorio en todo el territorio y quedará en manos de los presidentes autonómicos su posible prórroga.
El Gobierno deja en manos de las autonomías las principales decisiones, una apuesta política que se tomó en junio y que se mantiene ahora, algo que reclamaban muchas de ellas. De hecho la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma queda en manos de los presidentes autonómicos, que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. Madrid, por ejemplo, quería ir a las 00.00, algo que el decreto le permite. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el consejo interterritorial de salud, que se suele reunir los miércoles. España no cierra las fronteras y marca excepciones para el toque de queda para Canarias, una de las comunidades con mejores datos, para salvar en lo posible el turismo.
“Toda Europa está tomando ya medidas para limitar la movilidad. La situación que vivimos es extrema”, ha señalado el presidente, Pedro Sánchez, para justificar esta decisión. El presidente ha pedido “un abrumador respaldo parlamentario” para esta medida, metiendo así presión al PP. Sánchez ha anunciado que ha llamado a Pablo Casado, líder del PP, para comunicarle estas medidas y pedirle apoyo. El Gobierno también se puso en contacto con otros grupos para garantizar el éxito de la votacion. Sánchez quiere que la prórroga se vote de forma inmediata, sin esperar los 15 días. La solicitud se aprobará en el Consejo de Ministros ordinario del martes para que se vote el mismo jueves en el Congreso.
El Gobierno no debería tener problemas en la votación. Ciudadanos ya le ha ofrecido sus votos; el PNV está de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma –con la autoridad delegada para el lehendakari, que ha quedado clara–; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería tener los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma. El PP asegura que Casado dará su opinión sobre este asunto mañana lunes.
El objetivo es llegar a 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, ha explicado el presidente. Ahora España está en 368, según señaló. “Tenemos un largo recorrido por delante, vamos a tener que desplegar un gran ejercicio de resistencia”, insistió después de aclarar que el plazo de 6 meses no es inamovible si los datos mejoran. El presidente además ha garantizado que habrá una rendición de cuentas cada dos semanas aunque no se votará la prórroga cada 15 días como en abril y mayo. El Gobierno ha admitido ya indirectamente que fue un error no prorrogar la alarma en junio, pero lo justifica en que la presión de los demás grupos políticos, en especial el PP pero también de aliados como ERC, lo hizo inviable parlamentariamente.
España vuelve así al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de mayo.
Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de la primavera, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.
El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.
El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas.