Gonell Franco
En todo país democrático, o medianamente democrático, la Constitución es la garantía de derechos y deberes, y que, en el caso de la República Dominicana, no podemos hablar de una aplicación plena de nuestra carta magna, como también se le conoce.
A propósito de que hoy, 06 de noviembre del 2023, conmemoramos y celebramos el 179 aniversario de la aprobación de nuestra primera Constitución, por parte de la Constituyente, en San Cristóbal, no entraremos en muchos aspectos históricos, ya que en este artículo lo que queremos enfocarnos es en plantear la enseñanza de la carta sustantiva.
Hace mucho tiempo que venimos difundiendo esta recomendación, con la observación de que no solo debe ser a la niñez, adolescencia y juventud en los centros educativos, sino que debe ser un proyecto educativo y formativo hacia la sociedad en general, para que sus integrantes conozcamos esos derechos y deberes, para reclamarlos, en el caso de los primeros, y cumplirlos en cuanto a los segundos.
En 1997 se produjo en nuestro país una gran revolución jurídico-constitucional, con la creación de las denominadas Altas Cortes, y entre ellas, el Tribunal Constitucional, el cual, con algunas excepciones, viene realizado una gran labor.
Somos de opinión, y así lo planteamos y recomendamos, que el Tribunal Constitucional debe crear la Escuela Constitucional Dominicana (ECODO), para la enseñanza de la Constitución en tres espacios, uno en los centros educativos, mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), un segundo, con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), para las universidades, o directamente con estas, por medio de la entidad que las agrupa, y otro abierto a la sociedad, con la integración de las diferentes organizaciones y entidades conformadas dentro de la misma.
Para la conformación de una Escuela Constitucional Dominicana (ECODO), no se necesitaría plasmarlo en la misma carta magna o en una ley, sino que como parte de sus facultades y funciones, esta Alta Corte lo podría asumir.
En los centros educativos podría incluirse en la enseñanza de «Moral y Cívica), mientras que en las Universidades y la sociedad, se haría por medio de Diplomados y que la entrega de los certificados se haga en actos públicos, como una forma de continuar la sensibilización y concienciación de la importancia de que todos conozcamos nuestra constitución, que no solo sea un asunto de constitucionalistas y abogados, sino del empoderamiento de la ciudadanía en general.
Nuestra gran aspiración sería que alguna autoridad competente haga llegar este artículo a los honorables miembros del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y que se tome nuestra frontera como modelo, para iniciar esta tarea pendiente en la sociedad dominicana.